ROSA DE LOS VIENTOS
Por Israel López Chiñas
“2019,
Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar”
Las policías en el estado a capacitarse
para recibir a la GN
Es necesario que las autoridades estatal y municipal
antes del despliegue de las unidades que integran la Guardia Nacional (GN),
conciban los cambios que deben realizar para integrarse, de la mejor manera, al
proyecto nacional contra la inseguridad y la violencia. No pueden acceder al
plan general sin revisar que los objetivos básicos pudieran contraponerse con
el plan particular estatal.
En territorio guanajuatense las autoridades deben
aprovechar la coyuntura, con el fin de promover la profesionalización del
personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado las de Seguridad en los
46 municipios, con base a urgencias y particularidades.
Debido a la magnitud del proyecto nacional y por la
estrecha relación que la GN mantiene con las Fuerzas Nacionales que aún se está
dilucidando, el vínculo entre la nueva corporación y las fuerzas de seguridad
pública del interior de la República se ha venido retrasando; sin embargo,
tendrá que darse desde el Orden Legal hasta el aterrizaje con acciones en el
terreno.
En el debate relacionado con el arribo de un militar
en activo a la comandancia de la Guardia Nacional del Gobierno Federal, tiene
que saber utilizar esa particularidad la Administración Pública del estado de
Guanajuato para redefinir las líneas en el suministro de seguridad pública,
encarando la inseguridad.
Los municipios no deben de limitarse a los
beneficios que les puede acarrear contar con uno de los centros de la GN que se
instalarán en el estado, las cuales, por cierto, estarán definidas siguiendo el
diseño de esa corporación federal con las tareas que se les asigne.
Los Ayuntamientos tienen necesariamente que superar
esa triste condición de limosnear los servicios de la Federación, porque tienen
demasiado trabajo que hacer en esta etapa, antes de que esperen que caiga el
maná del cielo, deben -en estas circunstancias- hacer lo que les mandata la
ley.
Así pues, ni el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez
Vallejo ni sus hombres de confianza, encargados de contrarrestar la inseguridad
y la impunidad, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, pueden suscribir con
silencio y ojos vendados el proceso que ha ganado presencia en todos los
ámbitos luego de generar un Acuerdo Nacional en el Congreso de la Unión.
Los tiempos políticos en los municipios y sobre todo
para los gobernados, están pasando ineluctablemente y en el momento las
administraciones que están ejerciendo el poder, desde el 10 de octubre de 2018,
no han podido presentar con claridad un plan en seguridad pública que ofrezca
resultados exitosos, en la mayoría la comisión de delitos en sus ciudades van
al alza.
En la entidad, huelga decirlo, no existe la idea
fundamental sobre donde descansar el plan de gobierno en la materia, solamente
se hacen los anuncios respecto de las actividades que se engarzan para darle
sentido a lo que se quiere llevar a cabo, pero carece de substancia como de
ruta crítica para su ajuste; el decálogo y las prepas son sus agregados
culturales.
No se puede trabajar sin la percepción sobre el
vendaval que acompaña el posicionamiento de los elementos de la Guardia
Nacional, quienes por cierto no vienen al estado a realizar las tareas que no
han hecho las fuerzas policiacas. En lo general la GN está a punto de turrón,
pero carece de especificaciones para su actuación, razón por la cual su nuevo
comandante ha referido que aún, no recibe las órdenes precisas de su misión.
El servicio de inteligencia que tanto presumen en el
territorio estatal, que salvo en ciertos casos ha operado con éxito durante la
reacción; no ofrece los referentes para aseverar que funciona en todo momento y
son los operativos en campo los que carecen de la efectividad en sus
ejecuciones. Ante los incrementos de los delitos se puede, entonces, inferir
que los dos niveles de trabajo para la seguridad pública han fallado.
A pesar de la compra de equipo tecnológico para
edificar una infraestructura que contribuya a las diversas actividades para
enfrentar la inseguridad y violencia, no existe la información sobre la
utilización puntual del C5i y los C4, y otros Centros de esa naturaleza en el
combate a la criminalidad. A lo sumo han servido para acumular datos o mostrar
a los políticos y representantes de medios informativos sus usos y virtudes.
Las condiciones que imponen la inseguridad, la
violencia y la impunidad en el territorio donde gobierna Diego Sinhué llevando
como sus hombres fuertes a Cabeza de Vaca con Zamarripa, tienen hartos
conflictos que resolver, antes de la recepción de la GN que viene contra el
crimen organizado.
El Gobernador y sus encargados de la cuestión y los
alcaldes con sus jefes de seguridad pública, deben utilizar el periodo
vacacional de Semana Santa para hacer lo que corresponde a su incorporación al
nuevo Proyecto Nacional en materia de seguridad pública, realizar los
diagnósticos como formas de insertarse con ventajas, porque podrían quedarse
marginados.
De paso, debe prepararse el Gobernador ante lo que
se avecina: el Senado mandará llamarlo a comparecer para que informe sobre el
estado de la Seguridad Pública en el estado. Guanajuato, como parte de la
Federación, es llamado a la Cámara Alta
para explicaciones a través de su titular. En tres semanas la fecha sería
asignada.
Lo cierto en este escenario de preparación de las
autoridades para entregar la seguridad pública mandatada por la norma, es que
faltan muchas diligencias que podrían llevar algunos años, pues ninguna de
ellas resulta sencilla al aterrizarlas a la realidad. El ataque a la
criminalidad -aunque el General de Brigada, Luis Rodríguez Bucio, quien egresó
de la Escuela Superior de Guerra (DEM), tiene la experiencia porque lo ha hecho
desde el ejército-, resulta un reto como jefe de la policía GN.
Ante las circunstancias que brindan los quehaceres
de la GN, las autoridades estatales, además de mejorar su actuación ya tienen
que prepararse para ingresar al Proyecto de Seguridad del Presidente, Andrés M.
López Obrador antes de liberar los demonios o armar conflictos de la provincia
contra el centro. Existen muchos caminos que el estado de Guanajuato podría
aprovechar a fin de que a los guanajuatenses les vaya mejor.
Al calce. Elementos de la Policía Preventiva en el municipio
de Irapuato, logró reaccionar a tiempo para aprehender una banda dedicada al
“robo de vehículos con violencia”; la mañana del pasado jueves se reportó el hurto
de un camión en el bulevar Solidaridad, lo que provocó de inmediato un
operativo de la policía municipal, durante el cual se recuperó la unidad y se
detuvieron cinco personas; se aseguraron tres vehículos con tres armas de
fuego. La acción consiguió su objetivo y mucho más.
Pero cual fue la sorpresa de los representantes de
los medios de información y los elementos de la policía irapuatense, que el
personal de la Fiscalía General donde el Titular es Carlos Zamarripa enviaron
un boletín para enarbolarse los méritos; o sea, informaron a la sociedad en el
estado de Guanajuato, que gracias a la actuación de su policía se logró
desarticular la banda de delincuentes dedicados al robo de vehículos con uso de
violencia en La Fresera. La nueva
fiscalía, se tomó la libertad de recrear un cuento chino para hacerse del
mérito.
Antes de felicitar al personal que realizó la
riesgosa tarea de buscar, encontrar y capturar a los presuntos roba autos,
desde la Fiscalía en donde atiende Zamarripa Aguirre, en su boletín hablaron de
las grandes de la efectividad de su sesudo equipo de inteligencia que hizo la
hombrada de coadyuvar a la captura de la peligrosa banda. Se espera que la
Fiscalía en ese tránsito no desgracie el “debido proceso”, aplicado por la
policía de Irapuato. Una buena y una jodida de la Fiscalía.
Fondo Minero al desnudo. La 4ª. T.,
por centralizar su ejercicio
Hace unos días el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, anunció que el llamado Fondo Minero iba a cambiar de
rostro, luego de que se detectara que andan volando alrededor de mil 500
millones de pesos que debieron destinarse a las comunidades mineras en el país
durante el sexenio pasado. Guanajuato aparecía entre los estados con más irregularidades.
Y es que cada año se asignó a la entidad una parte
de lo recaudado por la Federación a las ganancias de las empresas mineras, para
obra pública y proyectos sociales en aquellas comunidades donde se asientan las
minas. En este sentido, el reparto fue hecho entre los municipios de
Guanajuato, Celaya y San José Iturbide, mientras el Gobierno del Estado se
quedaba con otro tanto.
Y aunque ese dinero tenía ese reparto, no eran libres
los municipios de ejercerlos, porque la Federación pasaba esos recursos a
través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(BANSEFI), bajo el control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), para coordinarse con el Gobernador del Estado y los
alcaldes.
Ya en la revisión de los proyectos en cada
municipio, era necesaria la intervención de los delegados de las comunidades
mineras que serían beneficiadas Supervisando los proyectos la Unidad de
Utilización de Suelo para Proyectos de Energía e Inversiones Físicas de los
Fondos Mineros.
De manera general en el estado, los proyectos iban
por electrificación de las comunidades, introducción de agua potable y drenaje,
así como rehabilitación de caminos, porque así lo establecían las reglas de
operación que emitía la SEDATU.
Contrario a lo que AMLO ha dicho, señalando mal uso
de recursos al destinarlos en rehabilitación de iglesias y otros proyectos de
ese tipo, lo que habla de su desconocimiento del tema y sí de su habitual
ligereza propagandística para justificar su centralismo, las propias reglas
impedían ese uso. Los diques y hasta mal uso de los recursos pasaban en los
vetos o aprobaciones que habían de manera coordinada Sedatu y el Gobernador a
los proyectos enviados por los municipios.
Las reuniones de coordinación eran sesiones
trabadas, donde el Ejecutivo estatal del momento, Miguel Márquez Márquez,
siempre quiso disponer de esos recursos condicionando a los municipios otras
obras o necesidades, a fin de canalizar lo que les tocaba en el Fondo a los
proyectos que su gobierno consideraba necesarios.
Durante su mandato, 3M, por ejemplo, siempre aplicó
los recursos estatales del Fondo en rehabilitación de caminos de aquellas
comunidades mineras, que curiosamente, siempre eran sede del Campeonato Mundial
de Rally. Una inversión que aparecía en una doble presentación como designados
por el Gobierno del Estado en apoyo a esa competencia automovilística y una
inversión que salía muy dañada, cada año, tras terminar la competencia.
Las fuentes que conocen del tema, señalan que el
Fondo Minero era el donativo u apoyo del estado a la carrera, reparando los
caminos, precisamente antes de la competencia. Y así cada año, mientras se
presionaba al municipio a también dotar una parte de sus recursos a esos
efectos.
Pero no era la única arista del asunto. Entre los
delegados de las comunidades rurales de corte minero, queda la experiencia de
saber que los recursos nunca bajaron a tiempo y se fueron acumulando en los
años al no ejercerse, porque no había visto bueno de los proyectos por parte
del delegado de la Sedatu en turno, siendo dos de ellos, los más citados como
implicados en esa situación: El yucateco Omar Conde Contreras y el celayense Javier Contreras Ramírez.
De Omar Conde Contreras, se asegura que su estancia
en la delegación de la Sedatu significó la pérdida de muchos recursos públicos
en proyectos fallidos, incumplimiento de empresas constructoras y malversación de
fondos en asociaciones civiles en la construcción de viviendas populares o en
el propio manejo del Fondo Minero. En muchos de los casos se habla de que pedía
moche para hacer avanzar los proyectos y en el caso del Fondo Minero, encargaba
las constructoras.
Con Javier Contreras la cosa siguió igual, no
avanzaron los proyectos y se tiene el antecedente de carpetas de investigación
abiertas dentro de la Sedatu por haberse comprometido recursos a diferentes
obras que no aterrizaron en los municipios o de plano donde no se entregaron
los recursos. En el caso de Guanajuato Capital hay constructoras que no
recibieron sus pagos de la Federación, sino del municipio, ante el
incumplimiento de Sedatu, a pesar de que el recurso se presupuestó y destinó.
Los municipios y los delegados de los pueblos
mineros tuvieron que sobrellevar las circunstancias y promesas incumplidas. Muestra
de ello, antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto en noviembre
pasado, la Sedatu aprobó 12 de 23 proyectos para obras de rehabilitación en
comunidades mineras de Guanajuato Capital, con 23 de millones de pesos
pendientes que no se habían ejercido.
Esas obras que se iban a integrar al Programa de
Obra Pública Municipal para el 2019,
quedan aún en especulación ante las nuevas determinaciones de la Federación, la
cual sigue documentando las irregularidades detectadas en el manejo del Fondo Minero
durante los últimos años.
La historia, conjunta irregularidades mixtas entre
las autoridades locales, con Miguel Márquez a la cabeza y federales con el daño
hecho a las comunidades mineras que no pudieron beneficiarse del dinero
obtenido por los impuestos a las compañías mineras que han pasado décadas
expoliando los recursos de su subsuelo, sin contar con el daño ambiental y de
salud de los pobladores.
Al calce. El tema debe ocupar y preocupar al alcalde de
Guanajuato Capital, Mario Alejandro Navarro Saldaña, quien ya en un primer
momento señaló que no buscaría pleito legal con la Federación por el cambio de
uso del Fondo Minero, como sí lo hicieron a los municipios de Chihuahua, estado
también gobernado por el PAN. El legado de 3M en la materia, pone en difícil
condición a la municipalidad frente a los
pueblos mineros.
El viaje a Ashland, que aunque diplomático, no
aporta mucho a la ciudad y si otorga peso de crítica a la administración por el
desplazamiento en tiempos de austeridad, debe tomarlo el alcalde Navarro como
un parteaguas en su mandato, tanto por la inseguridad grave que se vive en el
municipio, como por las dificultades económicas que sobrevendrán con los
recortes federales y donde la cobija estatal no será mucha para la capital. Debe
dedicar tiempo y calidad a sus decisiones a favor de Cuévano.
Otro secreto; uso de plaguicidas
para combatir el dengue
Indistinto de la certeza de parte de los
funcionarios de salud en la entidad de que no se tienen casos de Dengue ni
Chikunguya ni Zika, existe otro gran riesgo aparejado a la emergencia de las
enfermedades, el uso de sustancias tóxicas para combatirlas.
El Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, ha
revelado que las actividades realizadas para prevenir el brote de Dengue en el
estado de Guanajuato, han funcionado, pues se incrementó el año pasado el
número del personal de la brigada contra el mal, concluyó que se tiene bajo
control esa enfermedad.
Aunque nada ha mencionado sobre los químicos
empleados en las campañas contra el Dengue, plaguicidas peligrosos de acuerdo
por la Pesticide Action Network. La
utilización de esas plaguicidas en territorio guanajuatense por nueve años
debió de haber generado los estudios sobre sus efectos en los seres humanos.
Pero, las autoridades estatales no han enterado de ello.
Desde la aparición del Dengue en el estado hace
alrededor de una década en la ciudad León en El Barrio, se le consideró y se
manejó como una enfermedad rara. A pesar de la zona en donde el brote ganó más
presencia, junto al Hospital General y Facultades de Medicina y de Enfermería
que cambiaban de sede, y el consultorio del entonces Secretario de Salud y
Asistencia, José Ángel Córdoba, no emergió un diagnóstico inmediato.
Se escondió la cuestión hasta que fue imposible
mantener el secreto. Ese mismo trato que ganó la enfermedad de negros, pues de acuerdo al pueblo sabio quienes
tenían el dengue se hacían cenizos, está recibiendo el uso de las plaguicidas
para combatir el mosquito que la produce, pero que podría resultar más
peligroso que la enfermedad que están tratando de evitar
Los productos que los especialistas consideran
peligrosos, se cree que se vienen aplicando en Guanajuato cuyos costos son muy
elevados. Y podría producir efectos colaterales desde cáncer hasta
malformaciones genéticas incluidos problemas de conducta, daños hepáticos y sin
descartar otras enfermedades.
Con base a referencias desveladas desde el 2007 y de
manera consecutiva hasta el 2016, se están utilizando los plaguicidas para
totalizar diez que están prohibidos, lo mismo en Europa que en los Estados
Unidos debido a los daños que producen en las personas. El Gobierno del Estado
que encabeza Diego Sinhué Rodríguez, debe revelar el secreto por sus peligros.
En particular presentar los estudios que se tienen,
puesto que del uso de sustancias como el malation, proporxur, bifentrina,
esbiol, permetrina, butóxido de piperonilo, bendiocar, entre otros, la
Secretaría de Salud de Guanajuato estaba enterada de sus aplicaciones entre la
población. Las nebulizaciones en contra de los moscos se sabían, pero no fueron
estudiados.
La Topografía.
Planimetría.
Cuartel-dicha; Cortazar a un paso por sede.
Entre los municipios de Guanajuato se desató la
lucha ciega por la consecución de un asiento de la Guardia Nacional, que
significa para la mayoría un éxito antes del inicio del vínculo entre los tres
órdenes de gobierno con despliegue de fuerzas de esa corporación, amén de la
especie de bendición o manto de protección para quien consiga como su huésped a
la GN.
Los Presidentes Municipales se desviven en atender
los Jefes Militares que están adscritos en las unidades diseminadas en el territorio
guanajuatense. Entre los ediles del corredor industrial su constante es estar
hablando con los mandos para conocer las exigencias o características de los
terrenos donde habrán de construirse esos Cuarteles de la Guardia Nacional.
Los municipios con recursos ya tienen gatito retozando, pues dicen que ya recibieron una señal de los mandos
militares en activo que les están haciendo labor de cabildeo; sin embargo, la
Federación aún no determina, aunque ya tiene personal en la misión. La idea
revelada a propósito del interés, es que las sedes superen la idea de que son
propiedad de un municipio.
Además de que sirva para atender rápidamente la
necesidad de una región, sobre ese concepto se están tejiendo las zonas de alto
riesgo para enfrentar los delincuentes. La experiencia dicta que lo hecho en el
sexenio pasado con cuarteles para la policía federal, no fueron decisiones con
sentido estratégico, sino a pedido de gobierno estatal, municipios y
empresarios.
Existe el interés de imponer esas sedes en un punto
desde el cual puedan irradiar su potencial las fuerzas de la GN para el
cumplimiento de sus misiones. Un municipio que se le trató como Estudio de Caso para un cuartel es
Cortazar, porque se ubica entre Villagrán y Celaya, los territorios reconocidos
de alto riesgo, debido al total de delitos que tienen registrados.
Esa zona geográfica conforma un Nudo Giordano que forman Juventino Rosas con los Apaseos, Grande y
Alto; frente a las condiciones la plaza que preside Ariel Corona representa una
oportunidad de confluencia para los buscadores de los terrenos para las sedes.
Amén de la información de los pobladores de la región que los huachicoleros están circundando
Villagrán.
Los aceleres de parte de varios munícipes en el
pasado tienen a los militares, que trabajan para la Guardia Nacional, en una
posición defensiva para las definiciones. En territorio estatal existe
disposición de la mayoría de los cuerpos edilicios para encontrar las fincas
adecuadas y de empresarios por cooperar en esa misión por las instalaciones
para la seguridad pública.
Sobre advertencia no hay engaño; los municipios que
pueden constituirse en sedes también deben de realizar sus gestiones ante la
Federación, aunque su ubicación geográfica como su posición en las regiones de
alto riesgo y condiciones que se los permitan. Cortazar ya está en la relación
de los posibles, sin embargo, necesitará del apoyo estatal y el boleto federal.
Agrimensura
Amables lectores, inicia la Semana Mayor y con ello
esta columna no se publicará el próximo domingo. Por ello, reanudará su
publicación el próximo 28 de abril. Que este tiempo signifique una oportunidad
de reflexión y convivencia para nuestras familias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario