Etapa II
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Por Israel López Chiñas
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a la triste realidad. La ciudadanía era muy probable
que ya había “caído en la cuenta” que el territorio mexicano era un
cochinero, debido a la inseguridad y la violencia, antes de las elecciones
presidenciales y por ello “seguramente” la mayoría sufragó por
Andrés M. López Obrador, abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia en
julio de 2018. Y si bien es cierto que, en los primeros cinco meses, al gobierno
de la Federación le resulta casi una misión imposible limpiar el país de
delincuentes e imponer la Seguridad Pública junto con los estados y municipios, también es cierto
que los gobernados no hallan en la Administración Pública del Presidente López la confianza para resolver el grave problema de inseguridad.
Se
espera una señal federal. Quizá la respuesta
inmediatista de autoridades de los tres órdenes de gobierno sea la salida en
falso de buscar y encontrar culpables de cada jornada violenta, antes de constituir diagnósticos en el orden nacional, estatal y municipal, para la realizar
los planes y programas de forma sistematizada. Las técnicas del uso y abuso de las
numerarias para el reparto de culpas se emplea cual simple impacto mediático, que exhibe la carencia de un proyecto general que aglutine las respuestas de los gobiernos en la materia. El estado de Guanajuato necesita de una acción
conjunta, que mandata la norma, para enfrentar y terminar con la violencia que engrosa
semana tras semana, mes por mes, pero no obtiene un plan para desarrollar
sino una orden de creída superioridad; el estado lo aplica al municipio.
Los éxitos condicionales.
La detención de Eliseo “N” alias El Titi de parte del personal de la Marina y
la Fiscalía General del estado de Guanajuato, es significativamente importante
en el momento, debido a los errores cometidos en el primer semestre del gobierno
de Sinhué Rodríguez que -no se debe de soslayar- deberá generar conciencia
del gabinete legal de la entidad, pues un campanazo mediático no es suficiente.
Esa acción que realizaron de manera conjunta, como indica el Boletín Oficial,
demuestra que el Cártel de Santa Rosa de Lima que lidera El Marro, no había
sido desarticulado como lo informó la vocería que articula los comunicados de
la Secretaría de Seguridad Publica y la
Fiscalía General del Estado. Tampoco representa un plan fallido la intención de
AMLO de acabar la inseguridad, debe observarse lo que sigue, porque aseguró que
su gobierno disminuirá en seis meses la inseguridad y no desde el Primer Día de
su ascenso al poder... como lo expresara en su campaña.
SESIÓN
PARA CATATÓNICOS. Se pide segundo esfuerzo. No sólo la búsqueda de la justicia
requiere de la trascendencia de las diferencias políticas, pues la Constitución
General de la República, exige el vínculo entre los Tres Poderes, porque la
seguridad pública es una cuestión de Estado. No existe manera de evitar que el
estado de Guanajuato -con gobierno de extracción panista- no pueda trabajar con la Federación
de origen moreno, ni tampoco el gobierno estatal panista de Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo no trabaje con el Ayuntamiento de Salamanca que preside la morenista
Beatriz Hernández. Ante los trece ejecutados en el municipio de Minatitlán,Veracruz,
el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la 4ª. Transformación,
Alfonso Durazo, pidió a los gobiernos “trascender las diferencias”; sin embargo
el presidente López Obrador, desde las instalaciones de la Armada, recreó el
reparto de las aproximaciones a fin de justificar el alza salvaje de asesinatos
en el territorio mexicano.
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