Radio Pasillo del 12 de Junio de 2007

CÓDIGO PENAL JALONEADO ENTRE EL INTERÉS DE DESARROLLADORES DE VIVIENDA DE LUJO Y LOS IRREGULARES. PODER ESTATAL ENMEDIO

Por Israel López Chiñas

Las palabras son enanos, los ejemplos gigantes. Cunde el ejemplo de la Suprema Corte de la Nación, que declarara inconstitucional la Ley Televisa y evitó que el duopolio televisivo mexicano lograra imponer sus intereses, pues en Guanajuato, este 15 de junio, entra en vigor la reforma al Código Penal para frenar la voracidad de los creadores de asentamientos humanos irregulares, el delito se sigue de oficio y la pena se incrementa hasta por nueve años de prisión; constructoras y organizaciones sociales en la mira.

El que paga manda. La vulgar filosofía que ha invadido la esfera política guanajuatense y nacional, luego de que el neoliberalismo encarnó en la administración pública, está colocando las acciones legislativas de políticos y partidos a la carta, es decir, a la postura de grupos empresariales que patrocinan campañas como se sospecha que hicieron algunos integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Guanajuato, y la aplicación de cabildeo con premio, orienta y somete la producción del legislativa.

El perverso juego. Cuando se aprobó el Código Penal del Estado por unanimidad en lo general, el pasado 30 mayo, debido al incremento de la pena y que no se requería ya de querella para el seguimiento del delito por la promoción e inducción para formar asentamientos humanos fuera de las normas, reaccionaron los constructores de vivienda, y así vino la respuesta, exigiéndose de parte de los legisladores de oposición el Veto del Código de parte del Gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien prefirió promulgarla y publicarla hoy en el Periódico Oficial 94, segunda parte.

Desarrolladores y diputados locales que los apoyan, siendo clave la diputada priísta Bárbara Botello, pretendieron convertir el problema de fraccionamientos irregulares en los 46 municipios del estado, en un asunto de producción legislativa; el interés público trabado en los intereses de un grupo pequeño de desarrolladores que no respetan la ley.

Israel López Chiñas, quien recuerda la ley para bursatilizar créditos hipotecarios impulsada por legisladores locales al servicio de EMCA de Emilio Cano, y ahora de FLOPER de Oscar Flores, cree que si bien es cierto que tras este Código hay tiburones desarrolladores, también se ofrece la rendija para favorecer a 250 mil familias.